Síntesis (1819-1821).

 

 

Los corsarios americanos no dejaban de ser un problema para el gobierno español, que decidió, a fin de evitar la captura de sus buques, hacer uso de barcos neutrales. En respuesta a ello, en las Provincias Unidas el Director Rondeau decretó que en lo sucesivo serían apresables los buques neutrales al servicio de España (18 de agosto de 1819).

 

1819 fue el año en que en las PP. UU. el Congreso, trasladado a Buenos Aires, redactó una constitución liberal, centralista y unitaria que provocaría reacciones. En la sección V, de declaración de derechos, capítulo II (derechos de los particulares), se lee:

 

"Art. 109.- Los miembros del Estado deben ser protegidos en el goce de los derechos de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de alguno de ellos sino conforme a las leyes.

"Art. 129.- Queda también constitucionalmente abolido el trafico de esclavos y prohibido para siempre su introducción en el territorio del Estado.” [1]

 

Quedaba así ratificada, una vez más, la política liberal que en la materia se había llevado adelante desde los primeros gobiernos revolucionarios.

 

Hacia fines de 1820 arribó a Buenos Aires una comisión que venía a nombre de Fernando VII, para arreglar "las diferencias existentes entre individuos de una propia familia"; pero la Junta de Representantes, que no se dejó engañar, exigió primero el reconocimiento de la independencia [2]. Dos días después, la comisión volvió a hacerse a la vela [3]. Tres años más tarde, a medida que las naciones de Europa comenzaron a reconocer nuestra independencia (Estados Unidos lo había hecho en 1822), y a medida también que las relaciones con España perdieron beligerancia (el 4 de julio de 1823 se firmó la Convención Preliminar entre el Estado de Buenos Aires y el comisionado de S.M.C.) el corso perdió su razón de ser. Se tornó incluso molesto, en la medida en que involucraba incidentes con naciones amigas. Por eso, el 6 de octubre de 1821, previéndolo de esa manera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, había ordenado por decreto su cesación [4].

El decreto protestaba de la repugnancia del gobierno hacia un sistema de guerra cuyos abusos no podían reprimirse ni prevenirse, a pesar de haber hecho lo posible por regularizar sus actividades e impedir sus excesos. En relación con este decreto, hay que recordar que el gobierno de los EE.UU. había presionado constantemente para que el corso se restringiera por nuestro país; su propio corso contra Inglaterra había cesado recientemente [5].

Así, al llegar a 1821, la situación de la trata de esclavos se presentaba de la siguiente manera. En las PP. UU., ya hemos dicho que el tráfico estaba desalentado definitivamente. Las leyes dictadas al respecto quedaron ratificadas en la constitución de 1819. A nivel internacional, la trata continuaba teniendo gran envergadura, por ejemplo en Cuba, que entre 1821 y 1847 tuvo una importación anual promedio de 6 a 7 mil, sin contar los que ingresaron por medio del contrabando. [6] En Estados Unidos, si bien en 1819 se había producido un pánico bancario que había reducido la demanda de mano de obra africana, para 1821 el incremento de la producción algodonera (que ira a decuplicarse hasta los cinco millones de balas en 1860) revirtió la situación [7].

Pero aunque los gobiernos seguían empeñados en la persecución del tráfico negrero, enviando flotas a la costa africana para que se ocuparan de ello, la situación no era propicia para dar por tierra con dicho comercio. En 1820 la persecución inglesa fue apoyada por algunas naves de los Estados Unidos, pero el tráfico continuaba activo, llevando, por ejemplo, anualmente al Brasil cerca de 40.000 esclavos [8].

Aunque el estado de guerra de España con sus antiguas colonias no había llegado aún a su culminación (faltaba Ayacucho), la pérdida de beligerancia en el mar hacía que los corsarios ya no tuviesen actividad. El año 1821 se ha señalado como el de la desaparición de los corsarios argentinos de los puertos del Atlántico norte. Sin embargo, cabe preguntarse si esos buques no fueron empleados en el tráfico de esclavos, dando pábulo a la complicación de las relaciones formales del Estado argentino con Inglaterra, relaciones que estaban a punto de ser entabladas.

Finalmente, debemos señalar que al terminar 1821 el gobierno nacional debió legislar sobre una antigua práctica, no censurada en 1816. En efecto, este último año se había prohibido la extracción de esclavos del territorio nacional, pero esta ley era violada con impunidad al sacar del país esclavas embarazadas, las que darían a luz a esclavos permanentes, antes que a libertos, como lo determinaba nuestra jurisprudencia. La ley de 1816 raramente era observada en este sentido. Al llegar a 1821 las cosas habían llegado a tal extremo que un decreto del 10 de noviembre debió poner en su lugar las cosas, legislando sobre la extracción de las esclavas embarazadas. [9]


 

 

[1] Registro Oficial…, tomo I, p. 506-507.

[2] Caillet-Bois, op. cit., p. 192.

[3] La Razón, diario, Historia Viva, “1820".

[4] Caillet-Bois, Teodoro , op cit, p. 192.

[5] Ibidem, p. 192.

[6] Tennembaum, F., op. cit., p. 39.

[7] Mannix, Daniel P., op.cit, p. 191.

[8] Junior, Caio Prado, op.cit, p. 164-165.

[9] Registro Oficial..., libro I Nº 12. Citado en Alvarez, J. M., Instituciones..., p. 49. Cfr. con Andrews, George Reid, Los afroargentinos de Buenos Aires, p. 65.