Resurgimiento del corso. Reaparición de la trata. 1825-1827.

 

 

En 1825, al tiempo que empeoraban las relaciones entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil, y finalmente se rompían, también se acrecentaba, paralelamente, la presión de le cancillería inglesa sobre el Brasil para que aboliera definitivamente el tráfico. Después de jugar el papel de mediadora para que el soberano portugués reconociera su independencia, Inglaterra cobró al gobierno brasileño un buen precio por su intervención, y, en relación con el tráfico, que era su reivindicación principal, exigió medidas concretas y definitivas. [1] Pero aunque el Foreign Office logró éxitos diplomáticos que parecían satisfactorios, esos éxitos jamás se tradujeron, para el caso brasileño, en resultados tangibles. Así, los británicos intentarían bloquear la larga línea costera, pero hasta el fin de la década de 1840 continuaron entrando buques negreros en grandes cantidades y quizá en número creciente. [2]

 

Estos hechos vienen a cuenta debido a que, después de que el Imperio del Brasil declaró la guerra el 10 de Diciembre de 1825, uno de los blancos de ataque naval argentino fue el comercio negrero, a través de los corsario. [3]

 

Cuando la guerra estalló, el predicamento del comercio inglés en la Argentina era considerable, lo mismo que el de su diplomacia. [4] El gobierno de Buenos Aires estaba consciente de este hecho, de manera que su accionar había estado orientado a complacer a la potencia europea, en el tema del tráfico de esclavos como en el de la protección de su comercio.

 

Ya en enero de 1826 (día 2), se había dado un decreto que autorizaba el corso, conforme al Reglamento del año 17; otro decreto establecía que el gobierno renunciaba a toda participación en el producto de las presas. [5] No tenemos a la vista ninguna patente de corso en particular, pero una forma sin llenar, con 14 artículos, es bastante elocuente. No hay en los 14 artículos de estas "Instrucciones reservadas (...) para hacer el corso contra el Imperio del Brasil” [6] referencia alguna a los negros apresados, pero tan pronto como en marzo de 1826 la realidad enfrentaría al gobierno con este tema, pues un decreto del día 3 daba cuenta de la introducción en Patagones, por el corsario "Lavalleja", de una cantidad de libertos sobre los que se legisló de la manera mas adecuada, organizándolos militarmente por un término de 8 años [7].

 

La cosa no quedó ahí, pues una semana más tarde, el 10 de marzo, un nuevo decreto, más extenso que el anterior, ampliaba sobre el mismo asunto. Se explicaba que

 

"(...) Debiendo considerarse libres todos los negros introducidos en Patagones por el corsario “Lavalleja", según lo dispuesto por punto general en el decreto del 4 de febrero de 1813 (...), y siendo (...) importante (...) mantener la observancia de este decreto (...) , el gobierno (acuerda) una compensación a los armadores del corsario “Lavalleja", y (...) declara que los expresados negros (...) sean tenidos como hombres verdaderamente libres (...) y que a los armadores se les abone por el Tesoro Público cincuenta pesos por cada uno (...)” [8]

 

A continuación, se explicaba que, a excepción de los cien negros destinados a las armas, el resto fuese puesto al servicio de los vecinos de Patagones, por el término de seis años, bajo las condiciones que a continuación se explicitaba: un término de seis años, la obligación de pagar un peso por mes, según lo dispuesto en el reglamento general de libertos de la Asamblea General, y la obligación de alimentarlos, vestirlos y hacerles seguir las costumbres del país.

 

Al igual que ocurrió en la guerra contra España, ahora, nuevamente, los negros fueron alistados para el ejército, por un decreto del 19 de Diciembre de 1826 [9]. Se hizo sobre los esclavos que se encontrasen en el recinto de la capital, pero la medida seguramente desalentó a los pocos que aún hubiesen querido introducir esclavos en calidad de sirvientes, en el supuesto caso de que hubiesen podido hacerlo, ya que el bloqueo impedía cualquier tipo de tráfico.

 

 A principios de 1827 se promulgó un decreto de "Fomento del Corso contra Brasil”, el 28 de Marzo [10], y en él se aclaraba de manera general la situación de los negros que fuesen apresados. Haciendo una breve reseña de la legislación en la materia, a partir del reglamento sobre corso del 15 de Marzo de 1817, y sentando como precedente el decreto del 10 de Marzo de 1826 en favor de los armadores del "Lavalleja", el decreto legislaba sobre

 

“(...) las nuevas presas que se introducen casi diariamente (...)"

 

El decreto era un extenso decálogo de la colocación que se debía dar a los negros una vez desembarcados, y de los beneficios que de ellos obtendrían los armadores del corsario, ya que se tenía en cuenta que la finalidad era alentar el corso contra el Brasil, a la vez que humanizar el trato a los hombres de color. Los puntos salientes del decreto eran los siguientes:

 

"(...) Art. 1º.- Por cada uno de los negros que se apresaren bajo el pabellón del Brasil (...) se gratificará a los armadores con cincuenta pesos (...).Art. 4º.- El Gobierno podrá destinar de dichos negros todos los que sean útiles al servicio en el ejército y la armada, donde servirán por el término de cuatro años. Art. 5º.- Los que no se destinen (...) para el servicio, serán distribuidos entre (...) Art.6º-.- (...) patrones por (...) seis años (...)”

 

A continuación, se daban los pasos que debían seguir los patrones que se hiciesen cargo de los negros, y un artículo que prohibía a los patrones ausentarse de la Capital llevando consigo al negro.

 

Aún cuando, según Molinari [11], este reparto de negros fue un baldón para la administración de Rivadavia, lo que a nosotros nos interesa es el fomento del corso contra la trata brasileña, medida que, encuadrada dentro de la guerra que estaba desarrollándose, debió ser muy cara a la cancillería inglesa, ya que reforzaba sus esfuerzos en ese sentido.

 

En todo caso, el corso parece haber sido efectivo sobre el tráfico negrero del Brasil, que acusó el impacto sobre su abastecimiento de mano de obra, siempre necesaria para las exigencias de su agricultura tropical y su ganadería. El gobierno de las Provincias Unidas, por su parte, no dejó de fomentar este medio tan efectivo de hacer la guerra, y así, en el mes de Septiembre de 1827 produjo dos nuevos decretos atinentes a la guerra de corso. Por el primero de ellos, del día 4 de Septiembre, se reglaba la expedición de patentes de corso, debido a los abusos que se habían practicado en la materia...

 

Creemos que este decreto es importante, pues presenta los comienzos de una serie de problemas que debería enfrentar el gobierno en relación con los corsarios, muchos de los cuales iban a dedicarse más tarde a la piratería o al mismo tráfico de negros. En este año, todavía la cosa no iba tan lejos, pero el tenor del decreto sugiere que muchos corsarios no tendrían escrúpulos en utilizar sus licencias para fines particulares. Es por ello que una trascripción del decreto parece necesaria:

 

"Buenos Aires, Septiembre 4 de 1827. Sin embargo de que el Gobierno ha tomado las medidas convenientes para reprimir los abusos que puedan cometerse en la guerra de corso, autorizada en defensa de la independencia y el honor de la República, ha sido instruida la autoridad de los excesos practicados por los buques menores que hacen el corso en el Río de la Plata, no sólo contra el comercio del país, sino también contra el pabellón de naciones amigas o neutrales. En consecuencia y con el objeto de prevenir aquellos males y dar al mismo tiempo un estímulo mayor a los buques de la Escuadra Nacional, que operan en este río, el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires, encargado por la ley del 27 de Agosto último, por la Honorable Sala de Representantes, de la dirección de la guerra, ha acordado y decreta lo siguiente: Art. 1º.- No se dará en adelante patente de corso a buque que mida menos de veinte toneladas. Art. 2º.- Todo individuo que haya recibido patente de corso para buques de menor capacidad de la que se expresa en el artículo anterior, deberá devolverla al Ministerio de Marina, en los siguientes términos contados desde la fecha de este decreto: 1º Los que se hallan en los puertos de esta Provincia dentro de quince días. 2º Los que estén dentro de la línea N. S. de Punta Lara a Montevideo, dentro de treinta días. 3º Los que estén fuera de la línea que expresa el párrafo anterior dentro de sesenta días. Art. 3º.- Las fianzas otorgadas responderán del cumplimiento del artículo anterior y las que no se presenten en los términos que quedan prefijados serán juzgados con todo el rigor de las leyes, según la mayor o menor gravedad que se notase en la demora. Art. 4º.- EI Ministerio de Guerra y Marina, queda encargado de la ejecución de este decreto y de comunicarlo a quienes corresponda, haciéndose las prevenciones acordadas y publíquese en el Registro Oficial.- Dorrego, Juan Ramón Balcarce." [12]

 

En estas circunstancias, a fines de 1827, lo que más importaba al gobierno británico era la paz entre las dos naciones, debido a que la presión de los intereses comerciales e industriales de Gran Bretaña para llegar a un rápido acuerdo se había intensificado. El bloqueo brasileño se había tornado molesto para los comerciantes ingleses… [13] Al mismo tiempo, también los brasileños sentían amenazado su comercio. Esto se agravó cuando, el 12 de Septiembre de 1827, el gobierno de las PP. UU. emitió un nuevo decreto, esta vez dirigido al punto neurálgico del tráfico brasileño: la trata de negros.

 

El decreto, que fomentaba “el corso contra los buques negreros”, otorgaba, en primer lugar, una compensación mayor a los armadores, que ahora recibirían, no cincuenta, sino doscientos pesos por cada negro apresado. Esto incentivada, como se pretendía, la guerra de corso contra los barcos negreros, un poco por motivos "humanitarios", y otro tanto porque era la forma más efectiva de hostilizar al Imperio. El decreto, lamentablemente, también extendía el tiempo que los libertos debían servir a sus patrones, a la vez que otorgaba el patronato a los propios armadores, pero "(...) bajo la inmediata intervención de la Policía (...)". El armador tendría que ceder 10 por cada 100 negros para el servicio de las armas, computando varones y mujeres. Y luego, se agregaba que:

 

(...) Art. 10. El armador podrá traspasar o enagenar el derecho de patronato por la suma en que se conviniese, que en ningún caso debe exceder de doscientos pesos, pero este traspaso se hará con las precauciones que expresa el (decreto del 28 de Marzo de 1827) (...)" [14]

 

Esto era instituir, bajo una capa de legalidad muy delgada, la venta de esclavos en la sociedad argentina. El decreto remataba expresando que

 

"(...) Art. 11º. El concesionario o nuevo patrono podrá igualmente traspasar su derecho bajo las mismas formalidades e intervenciones de la policía (…) Art. 12º. Todos los traspasos deben hacerse con intervención de la Policía. (…)"

 

Y refrendaba el documento don Manuel Moreno, al que luego veremos actuar en la confección de medidas efectivas contra el tráfico de negros, en la siguiente década, durante su legación en Londres.

 

Estos hechos constituyeron una regresión importante en la lucha contra la trata de negros, que ni siquiera pueden ser justificados con las circunstancias de la guerra. Desde luego que fueron medidas efectivas para fomentar el corso, a tal punto que ya a fines de 1827, en una "Redacción de la Convención preliminar de paz propuesta y presentada últimamente al Ministerio del Imperio” [15], que Francisco Gil, encargado de la legación argentina en Londres, envió al Foreign Office, se mencionó el corso como uno de los puntos neurálgicos a resolver con el Imperio:

 

"(...) Art. v.- En atención a que la República de las PP. UU. ha empleado corsarios en la guerra contra el Imperio del Brasil, halla justo y honorable pagar el valor de las presas que se probase haber hecho a los súbditos brasileños los dichos corsarios, habiendo saqueado sus buques con el pabellón del Brasil enarbolado. Art. vi-. Se nombrará una comisión compuesta por mitad de súbditos de uno y otro estado para el esclarecimiento y liquidación de las acciones que resulten a consecuencia del artículo anterior. Se acordará entre ambos gobiernos el término y modo que se considere más cómodo y equitativo para los pagos (...)"

 

Finalmente, la Convención preliminar de paz entre ambos gobiernos, firmada el 27 de Agosto de 1828, no mencionó el tema, así remitido a un próximo tratado definitivo de paz.

 

Así desarrollados los eventos, la legislación argentina contemplaba, a fines de 1827, la venta de esclavos apresados en la guerra de corso, con lo que, en la práctica, se legalizaba la trata de negros en el territorio de la Provincias Unidas.

 

Atenuaba en parte este hecho el expediente de la libertad por el propio esclavo. Así, debido a que por ley general (Real Cédula del 9 de agosto de 1788) un esclavo podía libertarse, el gobierno consultó a la cámara de Justicia sobre este aspecto, y la Cámara, en respuesta, mandó, por resolución, el 5 de noviembre de 1827, que

 

"(...) se tasará al esclavo por dos peritos, uno por parte del amo y otro por parte del defensor de pobres (...)" [16]

 

Además, el 23 de enero del año siguiente, 1828, el gobierno resolvió, por decreto, que los libertos, atrapados en corso, podían quedar en libertad entregando a sus patronos la cantidad correspondiente al tiempo que aún debían permanecer en el servicio. [17]

 

Aún así, todavía es posible afirmar que, en ese momento de nuestra historia, se había legalizado, a través de estos tecnicismos legales, la trata de negros, a través de la circunstancia fortuita de la guerra de corsarios contra el Brasil.

 

 

 

 

[1] Junior, Caio Prado, op. cit., pp. 165-166.

[2] Mannix, Daniel P., op. cit., p. 222.

[3] Caillet-Bois, Teodoro, op. cit., p. 221.

[4] Ferns, H. S., op. cit., p. 172.

[5] Caillet-Bois, Teodoro, op. cit., p. 223.

[6] A.G.N.A., Marina. Corsarios. 1812-1815.

[7] Registro_Oficial..., t. II, p. 111. El corsario “Lavalleja” estuvo bajo el mando de Francisco Fourmantin, francés nacido en Calais. La nave, ex ´Guillermo´, de 200 toneladas, hizo más de 40 presas. En julio de 1826 encalló durante un temporal en la costa del Salado (Caillet-Bois, Teodoro, op. cit., pp. 324-325). A fines de 1825 el gobierno argentino declaró pirata al Lavalleja, y en Patagones fue embargado el corsario y sus presas; ocurría que aún no había sido declarada la guerra formalmente, y el gobierno no deseaba aparecer fomentando, o consintiendo, actividades de esta naturaleza, sobre todo a los ojos de los enviados ingleses. Luego del inicio de les hostilidades, sin embargo, se legalizaron los actos del Lavalleja y devolvieron a sus armadores los valores embargados (Biedma, José, Historia del Río Negro, p. 505). Se le dio patente de la República Oriental para cubrir las apariencias.

[8] Registro Oficial…, t. II, p. 113. Los subrayados nos pertenecen.

[9] Ibidem, t. II, p. 159.

[10] Ibidem, t. II, pp. 183-184.

[11] Molinari, Diego Luís, op. cit., pp. 104-105.

[12] Registro Oficial…, t. II, p. 191.

[13] Ferns, H. S., op. cit., pp. 198-199.

[14] Registro Oficial…, t. II, pp. 207-208.

[15] Foreign Office. 6/2122.

[16] Alvarez, J. M., Instituciones..., apéndice sobre el estado de la esclavitud por Dalmacio Vélez, pp. 48-49.

[17] Ibidem, p. 51.