Nuevas medidas del gobierno nacional. 1824.

 

Según Diego Luis Molinari, hacia 1823 se produjo un breve resurgimiento del tráfico de esclavos en las Provincias Unidas; ello hizo que

 "(...) La política de los gobiernos independientes no deja(ra) de presentar regresiones bochornosas y poco laudables.(...)" [1]

 Basándose en bibliografía del siglo XIX [2], señala la existencia de un permiso concedido por el gobierno, con fecha 7 de enero de 1823, a don Miguel Riglos:

 “(...) La declinación de los gobiernos, en esta ardua materia, no paró aquí. El 7 de enero de 1823 se autorizó, entre otros, a don Miguel Riglos, que había introducido algunos negros libertos, para que se sirviese de ellos hasta que tuviesen la edad de 18 años. (...)" [3]

 Y agrega otro permiso, algo posterior:

 “(...) y el 10 de junio de dicho año, en contra de lo estatuido, se permitió que un sujeto vendiese en el país al esclavo que trajera del extranjero." [4]

 Desde el punto de vista documental, no parece que existan otras referencias a la introducción de esclavos en esos años (1823-1824 aproximadamente), pero la existencia de estos indicios, y la promulgación de un decreto de fecha 3 de septiembre de 1824, sugiere que en realidad se estaban cometiendo faltas a la ley vigente, aunque sin adquirir las proporciones que nos permitirían hablar de una "importación" ilegal de esclavos.

 Sin analizar el papel que cupo en esto al enviado de los Estados Unidos de Norteamérica, podemos pensar que el decreto del 3 de septiembre de 1824 formó parte del celo del gobierno en este asunto. Para esa época, Parish se encontraba en Buenos Aires presionando sobre el ministro García por la completa abolición, y esta medida no parece haber estado dirigida contra una gran cantidad de "abusos", sino contra casos aislados que permitirían, al ponerlos en evidencia, demostrar al enviado de S.M.B., es decir al mismo Parish, la buena voluntad del gobierno en este particular.

 El decreto se promulgó el 3 de septiembre de 1824, y su texto es el siguiente:

 "Constando al gobierno los abusos que comienzan a hacerse del decreto de la Soberana Asamblea del 11 de enero de 1814, explanatorio del del 4 de febrero de 1813, y a fin de cortar de raíz dichos abusos, ha acordado y decreta lo siguiente:

"1º.- Las personas que lleguen a la Provincia de países extranjeros con esclavos en calidad de sus sirvientes, deberán hacer tomar razón de ello al presentarse en la oficina de policía.

"2º.- No podrán venderlos ni enagenarlos, por cualquier título que sea, a ninguna persona en el país, ni aun con la condición de sacarlos fuera de el.

"3º.- En el caso de infracción de los artículos anteriores, se considerará al esclavo libre, conforme al tenor del decreto de la Soberana Asamblea del 4 de febrero de 1813.

"4º.- El Procurador General Defensor de Pobres reclamará el cumplimiento de dicho decreto en todos los casos que lleguen a su noticia.

"5º.- En la Oficina de Policía, luego que se tome la razón prevenida en el articulo 1º, se dará al amo introductor del esclavo sirviente una copia legal de la toma de razón.

"6º.- Toda persona comprendida en los artículos anteriores, deberá, al tiempo de salir del país, presentar en la oficina de Policía el esclavo que hubiese introducido, o dar noticia de su paradero.

"7º.- El Capitán del Puerto cuidará de que, al tiempo de pasarse la visita de orden, a los buques que lleguen de puertos extranjeros, se instruya de lo dispuesto en este decreto a los pasajeros que vengan en ellos.

8º.- Transcríbase este decreto a quienes corresponda, e insértese en el Registro Oficial.

"Heras - Manuel José García." [5]

 Huelga decir que el sólo hecho de que la medida mencionada haya estado destinada a combatir este tipo especial de introducir negros (es decir, en categoría de sirvientes) descarta, por sí mismo, la posibilitad de que se estuviese realizando un tráfico específico, de manera ilegal.

 Con todo, ya veremos que algunos años más tarde (en 1831) se va a volver al estado de cosas anterior, cuando nuevamente será declarada como libre de enagenación de esclavos introducidos en clase de sirvientes.

 


 

[1] Molinari, Diego Luis, op. cit., pp. 102-104. Sin embargo, también se daban hechos de signo contrario. Por ejemplo, el 11 de marzo de 1822 el gobernador Lucio Mansilla, de Entre Ríos, prohibió el tráfico de esclavos. (Zinny, Antonio, Historia de los gobernadores…, p. 99.)

[2] Álvarez, J. M., Instituciones del derecho real de España, adicionado con varios apéndices, párrafos, etc., por Dalmacio Vélez, Buenos Aires, 1834, p. 47, Apéndice sobre el estado de la esclavitud en esta República y principalmente en Buenos Aires. Citado por Molinari, Diego Luis, en ibidem.

[3] Ibidem, pp. 102-104, notas 1 y 2.

[4] Ibidem, pp. 102 104.

[5] Registro Oficial…, t II, p. 65.