Hacia nuevas negociaciones formales (1835).

 

 

En 1835 Gran Bretaña quiso interesar a los gobiernos de Hispanoamérica en la firma de un tratado antiesclavista. La finalidad del Foreign Office era firmar este tratado con cada república por separado, y en síntesis, establecía el mismo que el tráfico negrero constituía delito de piratería, y que por ende, se lo podía combatir como tal. Como dice Mellafe,

 

“(...) Prohibía el uso de licencias o banderas de los países contratantes para cualquier actividad de esta índole, daba facilidades para perseguir a los barcos o contrabandistas dedicados al tráfico e incluso fijaba en algunos casos áreas de patrullaje marítimo preventivo. Creaba una corte de justicia especial para juzgar los casos de piratería esclavista.” [1]

 

Gran Bretaña usó, para lograr su objetivo, además de su habilidad diplomática, la presión política y económica para conseguir las firmas y ratificaciones del tratado. Según el último autor citado, Inglaterra tuvo también que entenderse con

 

“(...) los caudillos locales que se disputaban el mando en las nuevas repúblicas después de la independencia, y entrar en conflictos de límites y en arreglos y garantías internacionales." [2]

 

Si bien es cierto que el interés del gobierno británico en suprimir el tráfico era grande y databa de principios de siglo, la afirmación de Mellafe, a la luz de la documentación oficial, parece exagerada. Ya hemos establecido que los gobiernos latinoamericanos compartían el interés inglés por acabar con el tráfico, con la excepción del Brasil. Por ello, no parece, en los hechos, que Inglaterra haya usado más que una presión de tipo diplomático para lograr la firma del tratado mencionado, sin que podamos conectar esta faz de la diplomacia británica con otras alternativas de las relaciones de Gran Bretaña con las nuevas repúblicas americanas.

 

Lo cierto, sin embargo, era que el Foreign Office calculó el número de esclavos exportados al nuevo mundo, durante 1835, en 135.000, a pesar de los esfuerzos de la escuadra en África. [3] Esto puede explicar, en gran parte, los esfuerzos por avanzar en la lucha contra la trata, que a partir de este año iban a cobrar un nuevo y definitivo ímpetu.

 

En las Provincias Unidas, que no seguía el patrón general para América Latina, a raíz de la libertad de vientres y de los decretos y leyes contra la trata que hemos venido analizando, el comercio de esclavos estaba prácticamente acabado, al margen de los casos excepcionales que podían darse de vez en cuando. En contradicción a esta afirmación, sin embargo, afirma Mellafe que

 

“(...) (uno de) los dos grandes focos de este comercio (era) (...) el Río de la Plata. Inglaterra, que siguió siendo la principal interesada en combatir el tráfico y contrabando de esclavos negros, inició entonces una larga tramitación diplomática, por separado, con la mayoría de los países hispanoamericanos. (...)” [4]

 

 No parecen existir bases documentales que apoyen este aserto. Lo cierto fue que Inglaterra sí envió en 1835 una circular a sus agentes consulares en México, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile, a fin de que interesaran a los gobiernos de esos países en la firma del tratado antiesclavista. Pero en el caso de las Provincias Unidas, este hecho, además de responder a la política británica general para el área, parece estar motivado por el problema de los corsarios. Es importante no olvidar que España tenía, en este momento, buena disposición para tratar con los estados de América, y el gobierno de S. M. B. había despachado a Eliot hacia la corte de D. Carlos a fin de favorecer estas negociaciones [5].

 

En Julio, Manuel Moreno, de la legación en Londres, participó a su gobierno la intención de España de tratar con América. Y aunque hacia fines de 1835 esta posibilidad comenzara a esfumarse, lo cierto era que el gobierno inglés, a través del Foreign Office, no dejaba de tener presente que una de las mayores dificultades que anteponía España para tratar con sus antiguas colonias era la actuación de los corsarios de éstas. Esto dicho, no es difícil suponer que la búsqueda de un tratado con las características del que proponía Gran Bretaña tuviese el doble objeto de combatir el tráfico negrero y regularizar la actuación de los corsarios americanos, atento a la doble actividad (corsaria y pirata, con su vertiente negrera) que éstos desarrollaban.

 

Atento a lo expuesto, ya en Agosto de 1835 el ministro plenipotenciario de S. M. B. en Buenos Aires se manifestó deseoso de firmar un tratado o convención sobre el tráfico de esclavos, habiendo sido autorizado por su gobierno para ello. Como lo indica el decreto del 12 de Noviembre de ese año, este tratado estaría fundado en el artículo 14 del tratado de 1825. Con este objeto, el gobierno estableció, a través del decreto mencionado del 12 de noviembre, lo siguiente:

 

"1º.- Queda nombrado el Dr. D. Felipe Arana, actual ministro de Relaciones Exteriores, para que en clase de Plenipotenciario por parte de esta Republica, y previo el correspondiente canje de poderes, arregle y concluya con el de igual clase de S. M. B., una convención sobre el trafico de esclavos, fundada en el artículo 14 del tratado de S. M. B. y esta República del 2 de Febrero de 1825 (...)" [6]

 

También se establecía que iban a ampliarse otros puntos del tratado de 1825, sin especificar cuáles. Lo cierto es que, a pesar de este auspicioso inicio de las negociaciones, éstas iban a llevar casi cinco años antes de dar frutos definitivos. Y ya veremos que con este hecho estaría relacionada la segunda parte del artículo 1º, es decir, la pretensión de revisar los demás artículos del tratado del '25:

 

"(...) para que al mismo tiempo arregle y concluya con el predicho señor Ministro Plenipotenciario de S. M. B. las explicaciones que convenga hacerse sobre varios artículos del dicho tratado.” [7]

 

Sin avanzar mucho en el tema, lo cierto es que al cabo de cuatro años, cuando las complicaciones internacionales con Francia enfrentaran al gobierno a una situación difícil, esta pretensión iba a ser abandonada sin más ni más.

 

 

 

 


 

 

[1] Mellafe, Rolando, op. cit., pp. 100-101.

[2] Ibidem, pp. 100-101.

[3] Mannix, Daniel P., op. cit., pp. 203.

[4] Mellafe, op. cit., pp. 99-100.

[5] A.G.N.A., Moreno, Manuel. Gran Bretaña. 1835-1836.

[6] Registro Oficial…, 2685.

[7] Ibidem.