Conclusiones.

 

 

Hacia el final, la sensación que nos queda es de que las relaciones anglo-argentinas se ocuparon durante alrededor de treinta años en combatir la trata negrera. Este empeño fue impulsado básicamente por la diplomacia inglesa, y estuvo sujeto a los avatares de la política bilateral e internacional.

 

En ese contexto, el establecimiento de relaciones formales, a comienzos de la década de 1820, marcó el punto de partida de la presión diplomática inglesa sobre nuestro gobierno para lograr la abolición de la trata. (Con anterioridad, desde los comienzos de nuestra vida política independiente, es posible detectar demandas de la armada de S. M. B., o quejas del gobierno inglés, por las actividades de nuestros corsarios. En este período pre-diplomático, también, se hizo presente el esfuerzo de los gobiernos patrios por agradar a la poderosa nación inglesa, granjeándose su amistad a través del expediente de compartir sus ideales abolicionistas… Este elemento, que en primera instancia es espontáneo, no carece de significado en la política exterior de la revolución, y es dable creer que nuestros primeros dirigentes lo comprendían bien.)

 

El establecimiento de relaciones tuvo, desde un primer momento, a la abolición de la trata como corolario de suma importancia. Recordemos que una cláusula ad hoc está contenida ya en el tratado de 1825, es decir, meses después de entablar relaciones. Nuestro país, de todos modos, aparece, a través de la documentación de las cancillerías, como reincidente en cuanto a la trata, hecho que con frecuencia se relaciona con nuestros corsarios. En este punto, corsarios, patentes de corso, etc., juegan su papel, como vimos.

 

Como sea, sí es posible afirmar que, a lo largo de estos treinta años, ambos gobiernos compartieron el ideal abolicionista, que en la mayor parte de los casos sirvió para unirlos, antes que para separarlos. Las regresiones al respecto, por parte de nuestro país, tuvieron siempre una causa que si no las justificaban, al menos permitían comprenderlas. Es así que la guerra naval, contra España y luego contra Brasil, no dejó al gobierno de Buenos Aires otra salida que la utilización de los corsarios, un recurso muy común en aquella época. Dadas las dificultades a las que había que enfrentarse en la tarea de gobierno, no podemos asombrarnos de las desprolijidades que ocurrieron en el manejo de los corsarios y de las patentes de corso. En cuanto a estas últimas, si no existen hasta el momento pruebas que involucren al gobierno como tal en su inescrupuloso manejo, sí hemos visto, sin embargo, que la corrupción de los funcionarios tuvo mucho que ver a la hora de desvirtuar la primera finalidad de esas patentes.

 

¿Conocía el Poder Ejecutivo esta realidad? Ciertamente, creemos que sí. Y lo prueba el que haya dado los pasos necesarios para corregir el mal, a través de leyes y decretos.

 

En suma, es posible observar en la legislación argentina una preocupación constante por suprimir el tráfico, regular los actos de sus corsarios y evitar los abusos. En cuanto a las dilaciones que se hicieron presentes a la hora de firmar el tratado específico de 1839, obedecieron principalmente a la intención de obtener de él, en reciprocidad, algunas ventajas adicionales en su relación bilateral, intención que no siempre tuvo el éxito esperado.

 

Si tuviésemos que hacer una gráfica de la intensidad con que el gobierno argentino persiguió a la trata negrera, o, por el contrario, permitió, por omisión, que se cometieran ciertos abusos, el resultado sería el cuadro que acompaña estas conclusiones.

 

Los puntos más bajos de la gráfica corresponden, en primer lugar, a los permisos de introducción concedidos antes del tratado del año 1825; luego, a los años de la guerra con el imperio del Brasil, y las consecuencias del accionar de los corsarios. Por su parte, el tratado de 1825 y el tratado de 1839 marcan momentos de gran intensidad en el celo demostrado por el gobierno en referencia a la trata negrera. Sin embargo, también podemos apreciar que después del tratado de 1825 hubo una decadencia notable, al ir aproximándonos a los años de la guerra. A continuación, a partir de 1831, y hasta el tratado de 1839, la recuperación fue constante pero lenta, dada por medidas del gobierno que no fueron taxativas ni definitorias.

 

No fue desdeñable la importancia que tuvo la vecindad de una nación esclavista como lo fue Brasil. Necesariamente, las medidas adoptadas por nuestro gobierno en relación con la trata tenían un alcance internacional que en ocasiones obligó a reverlas o atenuar sus efectos.

 

En la faz interna, dadas las características económicas de la Argentina en la primera mitad del siglo 19, y la conformación de su estructura social, se puede afirmar que no hubo resistencia a la abolición de la trata negrera o de la misma esclavitud. Era ésta una institución que no tenía aquí arraigo económico ni psicológico, ya que la importancia del negro como trabajador agrícola era reducida.

 

De manera que, a pesar de los esporádicos rebrotes de importación de negros en calidad de sirvientes, la mayor parte de los alegatos del Foreign Office estuvieron relacionados con hechos que ocurrían fuera del territorio nacional. En ese contexto, las acusaciones de la cancillería inglesa, unidas a los descargos que interponía nuestra diplomacia, pueden crear confusión en cuanto a la veracidad de aquellas acusaciones. Sin embargo, la persistencia de las mismas nos inclina finalmente a aceptar la parte medular de ellas.

 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que en todo momento el gobierno se mostró interesado en la abolición de la trata, básicamente (más allá de las implicaciones políticas o diplomáticas) por un impulso ideológico. El proceso no fue veloz, pero tampoco traumático, fundamentalmente desde el punto de vista de la gente de color.

 

 

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Pero si hablamos de los problemas de nuestro país para suprimir definitivamente su participación en la trata, y de los esporádicos rebrotes de ésta, justo es que consignemos los pasos atrás dados por Inglaterra, más allá de su lucha por la abolición. Esto nos lleva a referirnos brevemente a la “trata de los culíes”.

 

En 1838, aproximadamente (cuando nuestro país se encontraba en los tramos finales de la tramitación de su tratado antiesclavista), la mano de obra servil comenzaba a escasear, y muchos de los países agrícolas en plena expansión tuvieron que proporcionarse otra. Tal fue el origen de la “trata de los culíes” (en lengua del Indostán, “cooly”=jornalero=jornalero del campo). Los ingleses vieron la posibilidad de contratar este tipo de trabajadores para transportarlos a su colonia australiana. Ya en 1838 un navío llegó cargado de culíes desde Calcuta a la Guayana, y ello sentó un precedente. Cuatro años más tarde, el gobierno inglés autorizó y reguló esta emigración. Los emigrantes se comprometían a servir por cinco años, bajo penas de prisión si no lo hacían. Las cifras oficiales para los treinta años que van de 1843 a 1873 son las siguientes, consignadas por lugar de destino de los culíes:

 


 

 

Isla Mauricio

352.785

Guayana

 80.599

Antillas inglesas

146.663

TOTAL

580.047

 

 

A ese total se le deben restar 137.000 trabajadores que regresaron a sus países de origen, lo que deja un saldo de 443.047, con un promedio de casi quince mil trabajadores por año, en líneas generales.

 

El ejemplo inglés fue seguido por los especuladores portugueses, que llevaron chinos a las repúblicas de América meridional; el primer cargamento de este tipo llegó a Perú en 1847.

 

Pues bien. No tardaron en ser escasas las personas que voluntariamente quisieran expatriarse. Así, para 1850 los armadores comenzaron a organizar bandas que caían inesperadamente sobre los poblados chinos y embarcaban a la fuerza a los hombres útiles. Una flotilla de piratas, llevando pabellón portugués, surcaba continuamente los mares chinos, visitaba las bahías, remontaba los ríos, pillando y capturando todo a su paso. El gobierno nativo se declaró incapaz de proteger a las poblaciones, y así, en los años siguientes se sumaron numerosos piratas franceses, españoles, alemanes… e ingleses. Con lo cual, los chinos sufrían un destino similar al de los negros que habían sido esclavizados.

 

Inglaterra, reconozcámoslo, viendo que en realidad se había retomado la trata de esclavos, fue la primera en protestar. En 1854 tomó medidas para que cesara el tráfico en Hong Kong, y prohibió a sus súbditos que traficaran con amarillos. Los gobiernos alemanes lo hicieron a continuación. La trata de hombres amarillos fue permitida sólo en determinados puertos y llegó incluso a la necesidad de disimularse, llamándola “inmigración”. Y se hizo a la luz del día, ya que en ella no se empleaba la violencia (al menos no en la medida en que lo había hecho la trata negrera).

 

El diario “El Suceso”, de La Habana, se refería a las ventajas del trabajador culí sobre el trabajador negro, en febrero de 1866. Agregando que el culí chino recibía un salario módico, muy inferior al valor real de su trabajo, ya que debía pagar el precio de su viaje y de su alimentación a bordo.

 

Por último, en una fecha tan tardía como 1871, varios navíos ingleses llegaron al grupo de las islas de la Reina Carlota, en Melanesia, y se apoderaron de los habitantes, embarcándolos para venderlos a los colonos de Queensland y de las islas Fidji. Esto ocurría en la cara misma de la civilización religiosa que Inglaterra había implantado en las antípodas.

 

Estos datos, obtenidos de la obra de Jean Mérrien, nos dejan en claro que los problemas para impedir las actividades esclavistas de los propios súbditos no sólo se dieron por parte de la Argentina. También nos permiten apreciar que cuando la conveniencia lo dictaba así, hasta Inglaterra, campeona del abolicionismo, podía hacer la “vista gorda”.

 

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La lucha internacional de Inglaterra para la abolición de la trata tuvo algunos sinsabores, después de 1850. En esta década hubo un rebrote importante del tráfico de esclavos, en cuyo contexto se insertó la guerra civil norteamericana. Sólo en 1862 los estados Unidos de Norteamérica firmaron un tratado antiesclavista con Inglaterra que incluía el derecho de visita en alta mar. En 1857, sin embargo, Livingstone se lamentaba de que, a raíz de la extensión que había alcanzado el tráfico de esclavos, el interior de África estaba perdiendo a todos los hombres capaces de trabajar. Y aunque se refería al África oriental, no dejaba de ser una realidad. Precisamente, la rama árabe del tráfico negrero desde África (la mayoría de los esclavos despachados desde Zanzíbar pasaban al Golfo Pérsico) fue la más difícil de suprimir… A fuer de ser sinceros, Mannix afirma que

 

“(…) Hay (…) un enorme cúmulo de pruebas que demuestran que aún se exportan esclavos a Arabia y que las grandes potencias están demasiado absorbidas por su diplomacia del petróleo para ponerse a investigar seriamente la situación. (…)”

 

 

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